117
Protección
y restitución de derechos
de ser un reflejo transparente o una aplicación me-
cánica de lo estipulado normativamente han sido
flexibles combinaciones entre lo ideal, lo deseable
y lo posible.
Resituando al Estado
La sanción de la Ley N°26061 se inscribe en un
proceso de producción legislativa que en pocos
años modificó notoriamente las coordenadas para
pensar la niñez y las familias. En efecto, desde
2005 a 2015, momento en que se pone en vigencia
un nuevo Código Civil y Comercial, la regulación de
las relaciones familiares y el estatus jurídico de
niños/as y adolescentes se transformaron sustan-
cialmente. Además, en ese período a partir de esta-
blecer un contrapunto con la política neoliberal de
la década de 1990, se fueron construyendo nuevos
sentidos de estatalidad. Disputando las nociones
de ineficiencia con las que había sido dotado el
Estado, en los períodos de gobierno kirchnerista la
revalorización de “la política” y la construcción de
una agenda amplia de derechos humanos senta-
ron las bases para fundar una nueva legitimidad de
lo público. En el campo de los derechos de niños/
as y adolescentes, la convergencia de esos pro-
cesos permitió desplazarse de la “interpretación
fundacional” de la Convención de los Derechos del
Niño, hacia otra que abarcó más centralmente a
los derechos económicos, sociales y culturales.
Este desplazamiento –de “lo técnico a lo político”
(Llobet y Villalta, 2019)- se efectuó en paralelo a un
proceso de recuperación de los niveles de empleo,
mejora de indicadores sociales y económicos e
implementación de políticas redistributivas que
compusieron el escenario en el cual comenzaron
a construirse –no sin tensiones- los sistemas de
protección integral de derechos.
Una ley nacional
para un país federal
La construcción del sistema de protección de
derechos implicó una importante reorganización
institucional y un impulso sostenido desde el Es-
tado federal para que las provincias adecuaran su
legislación. En ese proceso, una de las tensiones
generadas estuvo dada por el carácter local de
muchas de las discusiones que habían precedi-
do a la sanción de la Ley N°26061 que llevaron
a significar a la norma como una “ley de Buenos
Aires”, como sostenían algunos actores provin-
ciales a poco tiempo de su sanción (Llobet y Vi-
llalta, 2019). En este sentido, la diseminación del
“enfoque de derechos” en el país tuvo distintas
temporalidades, supuso diferentes conflictos, se
ajustó más o menos a las singularidades locales,
y mucho dependió del activismo de actores loca-
les que generaron las condiciones sociales, políti-
cas e institucionales para la construcción de una
nueva institucionalidad que tanto se ajustara a la
idiosincrasia local, como tensionara las modali-
dades típicas de intervención sobre la infancia, y
contrarrestara la estigmatización y los procesos
de diferenciación social que habían estado pre-
sentes durante años en los diseños instituciona-
les provinciales.
Así, la conversión del antiguo Consejo Nacional,
en Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia implicó pasar de un organismo centrado
en su relación con la justicia –caracterizado tradi-
cionalmente como un auxiliar de ésta- y limitado
a la Capital Federal, a otro de carácter federal. La
creación del Consejo Federal de Niñez y del Fondo
Federal de Infancia, apuntaló esa transformación.
No obstante, en algunas provincias esa construc-
ción implicó un exceso de burocratismo y una in-
geniería administrativa que fue creando nuevos
obstáculos, principalmente asociados a pujas
interjurisdiccionales, que dificultaron la tarea a
desarrollar.
La construcción de los sistemas de protección en
los niveles provinciales y municipales implicó un
impulso sostenido para generar áreas sociales en
donde ellas siquiera existían, y para jerarquizar las
áreas de infancia provinciales habitualmente su-
bordinadas a la autoridad judicial. Si bien se trató
de un vertiginoso proceso de creación de insti-
tucionalidad, no fue acompañado en general por
los recursos financieros adecuados. Así, la alta
rotación de personal y la precarización de los/as
trabajadores/as se fue recortando como un per-
sistente problema que se agravó aun más durante
